De pensionistas de oro y funcionarios de plomo

Nova Caixa Galicia. Desde ayer el nombre de está entidad bancaria está en boca de todos. Bocas que se abren todo lo que su cuero mentiroso les permite para expresar su asombro, su desagrado ante semejante inmoralidad. A mí me dan autentico asco, no, no los tres individuos que se han agenciado 23 millones de euros como indemnización de jubilación (por cierto la jubilación se amplía hasta los 67 años para todos los pobres infelices y ninguno de estos figuras supera los 54 años). Los contritos alegan que el gobierno ha aportado 4.000 millones de euros para salvar esa entidad. Transigiré levemente, el caso se pone un poquito más asqueroso por esa circunstancia, pero a mí lo que me envenena es que en un país con pensiones medias que no llegan a los 900 euros mensuales a nivel del estado, cifra que en Canarias se reduce a los 800, haya gente que pueda pactar pensiones de siete u ocho millones de euros... legalmente. Hablaba del asco que me producen los contritos, que apelan a la inmoralidad, por la incorrección de cobrar tamañas jubilaciones en estos tiempos de crisis, sobretodo si provienen del ámbito de la izquierda (el PSOE) que hipotéticamente está en el poder y tiene una herramienta que solo utiliza con presteza cuando se lo ordena el capital, dios todopoderoso con tres personas: Obama. Merkel y Sarkozy. Esa herramienta se llama ley. Y hace falta una ley que prohíba, tanto en el terreno público como en el privado, esas pensiones que se convierten en loterías multimillonarias que enriquecerán a las generaciones descendientes de los susodichos. La función social de la pensión se supone que es asegurar una etapa final digna en la vida de una persona. En el estado español muchísima gente, mayormente viudas que cobran 300 ó 400 euros, no tiene ese tramo, complicado, de sus vidas asegurado. Y da lo mismo que estemos en crisis o no, fariseos, cobrar una pensión por esa cantidad tiene un nombre: robo, trasvase del dinero de mucha gente a los bolsillos de unos pocos.
Ahora, demos leña al mono. O sea, al funcionario. El gobierno de Canarias anuncio la semana pasada un plan de austeridad de las administraciones. La noticia que salió en titulares de toda la prensa, para regocijo de mucha gente, precarios o parados, (yo los entiendo, pero tengan claro que no somos los funcionarios los responsables de su situación, al revés, si la sanidad o la escuela pública se van a pique, ya no tendrán ni lo más mínimo que debe ofrecernos la vida: formación y salud) manifestando
esa victoria tan maravillosa que han logrado los poderosos: dividirnos a los trabajadores, era que se iba a vigilar que los funcionarios trabajaran lo estipulado en su horario y que se les descontaría "un minuto perdido".
Miserables. Quieren ganarse el aplauso fácil de la gente. Plas plas plas, aquí tienen el mío. Su obligación, como administración, ha sido siempre controlar el desempeño correcto en su trabajo de cualquier empleado público, hecho que estoy convencido hace la gran mayoría. Y al que no cumple con su deber aplíquesele la ley de la función pública o la que según el status laboral de la persona, sea de rigor.
En España 12 de cada 100 trabajadores son empleados públicos, la media en la UE es de 15 o 16, en Suecia 22 y allí el desempleo y la crisis es algo más suave que en el territorio español. El problema no es el exceso de funcionarios, el problema es que nos tragamos sus falacias, una tras otra, probablemente porque es más fácil la digestión, mecanismo automático, que el engranaje lento, a veces mortificante, del pensamiento. No obstante, tengamos cuidado, el empacho puede ser de órdago.
Acabo con un dato: 1 de cada 4 euros que circula por el territorio español. lo hace en "negro", sin el control de la Hacienda Pública. ¿Somos capaces de imaginar de cuantos miles de millones de euros, que nunca llegarán a las arcas públicas, estamos hablando?
Seguro que los defraudadores fiscales quieren que se rebaje el número de funcionarios públicos. Empezando por los inspectores fiscales, por supuesto. Gasto inútil.