lunes, 14 de agosto de 2017

Canción triste por la huelga del Prat

Desde hace algunas semanas se mantiene en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, un conflicto laboral de los trabajadores de la empresa Eulen, encargada de los arcos de seguridad. Hasta ahora los paros han sido parciales, intercalando horas de trabajo con horas de huelga. También se ha acusado a los trabajadores de huelga encubierta. Me imagino que se referirán a trabajar a un ritmo lento, con una cierta parsimonia o un exceso de celo. Es curioso, tienes que ser un, perdóneseme (o no, me da igual, seguramente a quién le moleste está en mis antípodas mentales) lo soez de la expresión, un puto animal que supla las carencias cuantitativas de la plantilla con tu propia sobreexplotación.
Y buena parte de la población trabajadora, desclasada por los grandes medios de manipulación masiva que nos dicen que el derecho de uno acaba cuando lamina el derecho del otro, expresa su malestar por tener que hacer largas colas, por ver alterado ese nuevo derecho básico que es el de viajar. Población trabajadora que en muchos casos, con sobrada pasividad y escasa lucha, ha visto quebrado un derecho básico que yo si considero fundamental: que no te disminuyan el sueldo por realizar un mismo trabajo.
Desde el hoy, 14 de agosto, los trabajadores de Eulen realizan una huelga indefinida. Curiosamente, según informan los medios, hay normalidad casi absoluta. La huelga objetivamente está neutralizada. Con dos elementos básicos que tiene el poder en sus manos: los servicios mínimos y las fuerzas de seguridad del estado. Los servicios mínimos establecidos por la autoridad (competente, por supuesto, muy competente cuando de quebrar huelgas obreras se trata) son del 90%. Y aquí no pasa nada, no hay, como mínimo, una declaración conjunta de todas las centrales sindicales que se consideren de clase diciendo que esos servicios mínimos son unos servicios máximos, son prohibir de facto, casi con burla, el derecho de huelga a un colectivo de trabajadores. Pero, no satisfechos con este abuso, han decidido poner al lado de ese 90% obligado a trabajar a la guardia civil. Ya no es que la guardia civil, o la policía, sean un instrumento para reprimir a los trabajadores en la lucha por sus derechos. La historia de España (y del mundo) es rica en ejemplos de cómo las llamadas fuerzas de seguridad, o cuerpos represivos de la clase dominante en lenguaje marxista, tienen como función, no confesa pero esencial, derrotar las luchas de los trabajadores (sí, Eulen es una muestra más de esa antigualla llamada lucha de clases, esa que quiere diluirse, ¡viva el pensamiento líquido!, en el concepto muelle de clase media).
En este conflicto, alegando el poder motivos de seguridad, la guardia civil realiza labores directas de esquirolaje. Nos jugamos la seguridad de los españoles dice el gobierno. Es un servicio esencial, alegan, en estos tiempos convulsos por la amenaza terrorista. Sin embargo, tuvieron la desvergüenza de privatizar ese servicio esencial mediante subasta al peor postor. O sea, al que hace la oferta más barata que implica por supuesto salarios míseros para los trabajadores, oscilantes entre 900 y 1.100 euros según los complementos que tengas por antigüedad, que solo los pueden dignificar mediante horas extras pagadas a 8 euros.
Un servicio que el propio gobierno considera esencial tendría que estar en manos directas del estado. Esos trabajadores que realizan una labor en la que se supone que está en juego la vida de personas deberían ser empleados públicos con un salario digno, no pertenecer a empresas privadas cuya regla de oro es obtener, a través de la máxima explotación, el mayor beneficio posible.
La normalidad de hoy en el Prat, la casi invisibilidad de la huelga por la acción antiobrera del gobierno del Partido Popular, la sutil o burda criminalización mediática de los trabajadores, el silencio de las supuestas centrales de clase, la falta de acción solidaria, aunque sea simbólica, de los empleados de seguridad de otros aeropuertos, más allá de que lamentablemente nada de esto suponga, al menos para mí, una sorpresa, no deja de ser una triste noticia para la lucha de la clase trabajadora.

miércoles, 9 de agosto de 2017

De mil euros a cientos de años: el estado de la injusticia en España

Creo que una de las peores sensaciones que puede tener un ser un humano es la de ser víctima, por quienes deben defender la justicia, de justamente lo opuesto: una injusticia flagrante y dolosa, que es en lo que se convierte la justicia, en trampa, engaño y fraude, cuando es retorcida en aras de causar el máximo daño posible a una o varias personas, llevándolas incluso, aunque sea de manera preventiva, a la cárcel.
Esa sensación de impotencia tiene que ser especialmente dolorosa cuando observas hechos relativamente similares a aquellos por los que tú estás encausado que comportan sanciones o infinitamente o inexplicablemente más leves.
No piensen que me caigo del guindo. Seguramente ya he expresado en alguna otra ocasión que el tejido que tapa los ojos de la señora de la balanza es un vaporoso y transparente tul. Pero siempre tiendo a pensar que las golferías, aunque se realicen desde el poder, deben tener un cierto disimulo, sobre todo por mantener aquello, latiguillo machacón, de la igualdad de todos ante la ley.
Hoy han puesto en diferentes televisiones el vídeo de la agresión callejera, en la mañana del domingo 6 de agosto, de siete jóvenes de la localidad de Denia a otro que estaba solo. Se observa claramente como el grupito da una buena tunda de puñetazos y patadas al muchacho que está indefenso. Mañana de domingo. Jóvenes supurando alcohol y quizás alguna otra sustancia. Una palabra equívoca, una mirada torva, una cuentilla pendiente o no tener el par de euros que te piden y prende la chispa.
El domingo sucedió en Denia sin mayores consecuencias. En diciembre de 2008 unos hechos similares ocurrieron en Las Palmas de Gran Canaria. La misma paliza, pero con patadas más certeras, acabó con la vida del joven Iván Robaina. Cada uno de los tres acusados fue condenado a 17 años de cárcel. El fiscal pedía 18 y la acusación particular 20.
En el caso de Denia cada joven ha tenido que pagar una multa de alrededor de 1000 euros. Ustedes me dirán que son casos incomparables y yo les contestaré que tienen razón, pues el resultado del delito es diferente, aunque los medios y las intenciones (no creo que en ninguno de los casos quisieran ocasionar la muerte del agredido) fueran los mismos.
Yo quería establecer la comparación, de ahí la reflexión inicial acerca de la impotencia, con los ocho implicados en la agresión, con patadas y puños, sin armas de ningún tipo, a dos guardias civiles fuera de servicio, también después de una madrugada de fiesta y copas, en Altsasu (o Alsasua). Tres de ellos están en prisión preventiva desde mediados de octubre de 2016. La fiscalía y la abogacía del estado solicitan un montante global de 375 años de prisión (50 a seis, 62,5 a uno y al restante 12,5). La acusación particular, ejercida por la asociación Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), considerando que las penas son leves, ha solicitado un montante global de 400 años de cárcel.
Aviso, por si hay alguien muy despistado, que ninguno de los guardias agredidos resultó muerto. Uno de ellos, magullado, ni siquiera tuvo ingreso hospitalario y el otro estuvo dos días fruto de una fractura de tobillo.
Tres casos de agresión. Con circunstancias y resultados diferentes, lo sé. Pero no hay que ser muy avezado para observar el disparate, para ver la infamia que hay entre mil euros de multa y una petición de cárcel de 50 años cuando en ninguno de los dos casos hubo males mayores. Mal irremediable que si se produjo en el caso de Las Palmas. No obstante, fíjense en la siguiente aberración: el fiscal pedía, como reflejé antes, para cada uno de los implicados en la muerte de Iván 20 años de cárcel. O sea, un total de 60 años para los tres. Menos, y aquí está el disparate o la mala fe que se encubre con la utilización del término terrorismo, que la petición de 62,5 años del fiscal al principal encausado de Altsasu, cuya acusación más grave sería, en buena lógica y en buena lid procesal, la fractura de un tobillo que, a los datos de petición de penas de la fiscalía me remito, vale el triple que la vida de un joven canario.
Hablando de jóvenes y de injusticias, y como muestra de que la derecha siempre sabe quién es de los suyos y quién es el enemigo (circunstancia que la izquierda nunca tiene tan claro), quiero acabar haciendo mención a Aisha Hernández, militante de Alternativa Nacionalista Canaria, que fue condenada a 4 meses de cárcel por una supuesta resistencia a la autoridad tras realizar en 2014 una pintada denunciando las elevadas tasas de desempleo que afectan a los jóvenes del archipiélago. El gobierno, considerándola acertadamente su enemiga, en el mismo plano que a los jóvenes de Altsasu, aún con el atenuante de no ser independentista vasca, sino canaria, le ha denegado el indulto, esa medida que reserva para los amigos de las clases altas, para callar bocas indiscretas o para obtener réditos si es un caso mediático.

miércoles, 2 de agosto de 2017

Algunas reflexiones sobre la constituyente venezolana

8.089.320 venezolanos acudieron el domingo 30 de julio a votar la elección de una asamblea constituyente en Venezuela. Esa cantidad representa el 41,5% del censo habilitado para participar en la votación.  Viéndolo así, ateniéndonos exclusivamente a los números, podríamos pensar que la cifra es baja. Sin embargo, y la oposición lo sabe, la cifra es un gran éxito para el chavismo. También lo siente como un avance propio la izquierda que no le baila el agua a la derecha o no quiere vivir en los alegres mundos de Yupi, aquellos pagos angelicales donde no existe barro y la dureza de una situación de lucha de clases, de disputa del poder planteada a cara de perro. Esa cara colmilluda que enseña la derecha cuando sus privilegios son puestos en cuestión, cuando un pueblo entra en el peligroso proceso, para los intereses de la oligarquía, de pensar, de tomar conciencia, de sentirse un sujeto protagonista de la historia. Es lamentable ver a tanta gente, supuestamente de izquierdas, atacar al proceso bolivariano. Sí, esta palabra es esencial, proceso, ninguna revolución o cambio social importante lleno de tensiones y enemigos se gana en poco tiempo. Tampoco está libre de errores, de burócratas o corruptos, circunstancia que, en ningún caso debería llevar a una persona de izquierdas que sea consecuente a desear la derrota revolucionaria ante una derecha entregada a la violencia y a la coacción y apoyada por poderosas fuerzas extranjeras. Una derecha que está repitiendo en Venezuela, 40 años después, la guerra económica que libró en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Allende. Ese Allende al que cierta izquierda, que denosta a Maduro tratándolo poco menos que de patán, santifica, tal vez porque la derrota, más si esta se tiñe de martirio, despierta una empatía que aunque a la izquierda la dignifica (y hace bien en reconocer heroísmo de Allende) al capital, en el fondo, le importa un pimiento. Son o desconocedores o tergiversadores de la historia. Allende sufrió una guerra económica de la burguesía (es celebre la frase de Nixon: “haremos chillar a la economía chilena”), con acaparamiento y escasez, porque el proyecto de la Unidad Popular era la construcción por vías pacíficas de una sociedad socialista, horizonte que también se plantea el gobierno bolivariano de Venezuela. Por eso, gustos verbales o apariencias estéticas aparte, el guagüero venezolano simboliza hoy, para la izquierda mundial antiimperialista, lo que el médico chileno significó ayer. Con una gran diferencia, la partida chilena se perdió. La venezolana sigue en disputa. Y sobre esta comparativa un último dato: Allende sacó un 36% de los votos populares. Le aupó a la presidencia el hecho de que el centroderecha se presentó dividido.
8.089.320 venezolanos acudiendo a las urnas es la segunda mejor votación histórica del chavismo, solo superado por el propio Chávez, en la elección presidencial de 2012, con 8.191.132 votos. Las fuerzas de la revolución en Venezuela se quedaron a solo 100.000 votos de su mejor resultado histórico, mejorando en más de medio millón los siete millones y medio sacados por Maduro en el año 2013. Y todo esto en unas circunstancias durísimas, con zonas donde la oposición no es que llamara a la abstención, lo que sería absolutamente lícito, es que forzó, ¿dictatorialmente?, la no apertura de colegios electorales en determinados barrios que además se vieron “trancados” con barricadas donde actúa como fuerza de choque el lumpenproletariado, grupo social que Tribuna Popular, órgano de prensa del Partido Comunista de Venezuela  define y caracteriza, con clarificadora precisión:

“Es aquella parte de la clase obrera que queda fuera del proceso de producción y socialmente marginada”
(…)
“El lumpenproletariado es extraordinariamente vulnerable y, por ello, es en su seno donde la burguesía ha reclutado la carne de cañón imprescindible para sofocar cualquier rebelión dirigida contra su dominio. La legión de los excluidos no se caracteriza, pues, por su inadaptación, sino por su exceso de adaptación precisamente. Nadie está más aferrado a los valores y símbolos capitalistas que sus primeras víctimas, quienes han padecido en sus carnes con toda crudeza la dialéctica del amo y el esclavo. No se trata sólo de un sector social desclasado sino privado de su conciencia de clase y, en consecuencia, el más expuesto al bombardeo mediático: todas las taras ideológicas de la sociedad actual se manifiestan más acusadamente entre estos desplazados entre los que la burguesía suele reclutar sus fuerzas de choque.”

La “dictadura” venezolana, en aras de no agudizar los enfrentamientos, decidió no forzar la apertura de esos colegios y lo que hizo fue habilitar centros de contingencia, como el Poliedro de Caracas, donde pudieran votar las personas que no tuvieron opción de decidir libremente si hacerlo o no porque, dominados por la “democrática” oposición, en los barrios de clase media o  alta, era materialmente imposible. María Alejandra Díaz profesora de derecho constitucional explicaba en TeleSur como ella había tenido que salir de su barrio a las tres de la mañana para evitar el cierre de las vías y poder votar en uno de esos centros de contingencia. A los que sitúan en la cúspide esa abstracta libertad individual que no existe ¿les parece bien que los chavistas de los barrios pudientes tuvieran que desplazarse a kilómetros de distancia a votar? En los barrios de mayoría chavista no sacaron a los opositores a la fuerza para incrementar el saco de la participación, que, una vez la oposición declino la contienda, era el cogollo del asunto ¿Se imaginan grupos de vecinos en el estado español impidiendo la apertura de colegios electorales y declarando “cerrados” barrios enteros? ¿Lo consentiría el gobierno español o lo consideraría un ataque cuasi terrorista a la sagrada constitución y a las libertades de los “mucho” españoles? Curiosamente, en el referéndum que hizo la oposición, fuera de todo cauce legal, el 16 de julio, ningún chavista impidió a ningún opositor, viviera donde viviera, que fuera al lugar que estimara oportuno a participar en esa consulta que todos los “medios de manipulación masiva” españoles bendijeron como culmen democrático a la par que, esos mismos medios, sin asomo de sonrojo, consideran el referéndum en Cataluña una acción antidemocrática y totalitaria de la Generalitat. El “demócrata” Mariano Rajoy, que sobre un censo de más de 36 millones de electores obtuvo menos de 8 millones de votos (22.5% del censo electoral), ha sido taxativo: “El referéndum no se va a celebrar”. En cambio, el extraño “dictador” Maduro sí permitió la consulta de la oposición.
8.089.320 votos de cuya limpieza desconfían (¡pucherazo!) tanto la oposición como esa comunidad internacional que componen EEUU y sus gobiernos acólitos. Para el asco tres ejemplos bastan. Colombia con sus 7 bases norteamericanas, su incremento en presupuesto militar y un goteo tan inexorable como silenciado de líderes sociales asesinados. México con sus 43 de Ayotzinapa que el españolito medio desconoce porque, desgracia dentro de desgracia, no nacieron en Venezuela. Brasil con el golpista Temer acusando a Maduro, electo con más del 50%, de dictador.  Los díscolos: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Rusia… Deben formar lo que denominaríamos, con cierta laxitud lingüística, la anticomunidad internacional. Lo que sería a nivel casero la antiespaña de toda la vida. Es apropiado recordar a los teóricos, tanto internos como externos, del puchero, que el CNE controló las elecciones parlamentarias que ganó la oposición en 2015 e incluso los procesos electorales internos de esa oposición cuando ha elegido un candidato único para enfrentar al chavismo. Cada victoria de las fuerzas revolucionarias en Venezuela ha ido acompañada de las fanfarrias mediáticas lanzando a los cuatro vientos la sospecha, insidiosa, de un fraude que, aunque nunca se  demuestre, sirve para apuntalar el concepto con el que los medios trabajan sin descanso: dictadura. Una de esas palabras que sirven para lo que a mí me gusta definir como huída del pensamiento y entrega a una cómoda aquiescencia.