Mi voto... robado

Yo fui uno de los 38.262 votantes que tuvo Carles Puigdemont fuera de Cataluña (1807 en Canarias) en las elecciones al Parlamento Europeo. Por supuesto, estos fueron una mínima parte del 1.025.411 votos que cosechó en total. En Cataluña obtuvo 987.149 (28,5%) votos, con los que aventajó al segundo en más de 220.000. O sea, su victoria en “su” territorio fue, números en mano, inapelable. Y, al menos por ahora, irrespetada.

La candidatura de este señor fue admitida por la Junta Electoral Central. Los resultados, que le depararon dos diputados, publicados en el BOE. En resumen, se le permite participar en la convocatoria electoral y se reconoce oficialmente que ha obtenido más de un millón de votos que le hacen, junto a  Toni Comín, parlamentario electo.

Pues bien, como los susodichos no se presentan en Madrid para prometer la Constitución se considera que no han cumplido un trámite inexcusable, puramente formal, pues todos sabemos de las mil y una formas de acatamiento desacatante de la Constitución. “Prometo la constitución para cargarme la constitución”. Que no falte la “summa hipocresía”.

Así, con una argucia legal, por un mero formulismo, la representación política de más de un millón de personas, entre ellas la mía, se tira a la basura mientras esperamos lo que diga el Tribunal General de la Unión Europea.

Y me pregunto quién es un tribunal supremo, español, europeo, mundial, galáctico o universal para interferir en el “contrato” establecido entre una candidatura legal, encabezada por Puigdemont, Rita la Cantaora o Periquillo el de los Palotes, todos ellos sujetos elegibles, y quién esto les escribe, sujeto con sus derechos de elector, al menos hasta el momento, intactos, como el millón de votantes restante.

Por supuesto, este autor se declara lego en leyes, e imagina a algún posible lector de este texto, versado en ellas, llevándose las manos a la cabeza, pero creo firmemente que una vez admitida una candidatura, en la que se supone que todos los componentes de la lista tienen sus derechos políticos intactos, los candidatos electos deben ocupar el escaño conseguido, salvo comisión de delito flagrante posterior a la proclamación de la candidatura en cuestión.

Puigdemont, litigios previos con la justicia española aparte, aún residiendo en el extranjero, pudo presentarse. Yo fui a mi colegio electoral y cogí, sin ninguna cortapisa, la papeleta que encabezaba este señor. Y salió elegido.

Nos están ustedes robando el voto a más de un millón de electores.

Por cierto, le voté a Puigdemont porque, aunque no lo crean, en esa elección concreta me pareció el voto más “rojo” posible, en el sentido del voto más incómodo para el régimen del 78. Ése que, nos guste o no, recibió su mayor enmienda, solo hay que repasar el calibre de la respuesta del estado (airado y amenazante discurso del rey, 10.000 piolines que ni en los momentos más álgidos de la violencia de ETA, aprobación de una ley “puente de plata” inverso para fomentar la huida de las empresas catalanas de un secesionismo instigado, extrañamente, por la burguesía catalana),  el 1 de octubre de 2017, en un espectacular ejercicio de desobediencia civil colectiva.

Y, por si alguien me abronca con la primacía de los derechos sociales sobre los derechos nacionales (es el mismo modelo de treta que usan los falsos republicanos, sempiternos postergadores de la lucha por la república), apuntarle que entre 2015 y 2017, bajo la presidencia de Puigdemont, ese señor de derechas, dicho sin ironía, se aprobaron por el Parlament de Cataluña más de diez leyes marcadamente sociales que el Tribunal Constitucional tumbó una tras otra. El muy progresista Pedro Sánchez, ese que sueña con la abstención  en su investidura de Ciudadanos o el PP líder del PSOE, partido central del régimen del 78, que aún muchos ubican en la izquierda, llegó al gobierno en junio de 2018 prometiendo derogar la reforma laboral del PP o la Ley Mordaza o publicar la lista de agraciados con la lluvia de millones de la amnistía fiscal. Un año después, sin la sorpresa de casi nadie que se considere verdaderamente de izquierdas, ambas leyes siguen vigentes y el careto de los agraciados, velado con la gracia del secreto.

Breve posdata conspiranoica: ¿los problemas estomacales del señor Rivera estarán conectados con el IBEX y su terquedad ante la investidura del Sr. Sánchez?