Apunte sobre el 9N y la montaña que parió un ratón

Aunque parezca rizar el rizo, no creo que al gobierno español le haya agradado mucho que uno de cada cinco asistentes a la votación celebrada el 9N en Cataluña se haya pronunciado, con matices, pues buena parte sí apoya la creación de un estado catalán, en contra de la independencia. Un resultado más unánime habría servido para poner en duda la limpieza del proceso y la honestidad de los voluntarios, aparte de mostrar la lucha por el derecho a decidir como una reivindicación exclusiva de los independentistas. A lo que el gobierno de España llamó "acto inútil y estéril" se sumaron mas de cuatrocientos mil no independentistas. No obstante, no ignoro que el "no" se quedó masivamente en casa. ¿Cuál es ese porcentaje? Esa es la ocasión perdida. Quizás sobretodo para el estado español, que antepone la granítica unidad de España a la posibilidad (riesgo que asumió Cameron en Escocia), ayer menos remota que mañana, de ganar la consulta. El gobierno tenía en su mano una poderosa herramienta que no se si tendrá en el futuro: el miedo a un escenario nuevo, desconocido, que quizás sea peor, circunstancia que, sospecho, cala con facilidad en el votante indeciso que tal vez sea más proclive a quedarse como está que a apoyar a lo que percibe como una aventura de futuro incierto.

El gobierno del PP ha hecho de la constitución un "Santiago y cierra España". Una barrera infranqueable para los proconsulta, a los que se les conmina a plantear la modificación de la constitución, logro, desde sus exclusivas fuerzas, totalmente imposible, pues para cambiarla se requieren las tres quintas partes de la cámara (210 diputados).

El dato es que se han acercado a votar poco más de dos millones trescientas mil personas en una consulta criminalizada, con amenazas de la fiscalía y sin poder decisorio alguno. Cuando en 2006 se votó, en consulta legal, el recortado estatuto de autonomía catalán, acudieron a las urnas poco más de dos millones quinientas mil personas. Esta referencia pone en valor la cantidad de gente que acudió a unas urnas con la mitad de puntos de votación que en otros eventos electorales. Todos sabemos que la abstención técnica puede rondar el treinta por ciento. La incógnita sigue abierta. Saber con certeza, sin especulaciones, cual es la opción mayoritaria del pueblo catalán, es una asignatura pendiente que, aunque sea vía elecciones plebiscitarias, tendrá su examen. Aunque sea por justicia, pues es absurdo que dejen ser nominalmente independentista si en la práctica bloquean cualquier vía que permita saber si ese ideal es mayoritario en una determinada comunidad.

Un contraste. 

El Tribunal Constitucional también ha suspendido la consulta que quería celebrar el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Es evidente que se quiere poner coto a que los pueblos adquieran un protagonismo que exceda la colocación de una urna que sirva, en exclusiva, para elegir a los administradores de la finca cada cuatro años. El gobierno catalán, impulsado por una importante base social, ha realizado un proceso participativo que ha llevado a más de dos millones de personas a desobedecer de facto al gobierno español. En Canarias, donde se plantea una pregunta genérica, ambigua, mientras se prepara el inicio casi inmediato de las prospecciones de Repsol, la montaña parió un ratón. El gobierno autónomo ha tenido, como medida para conocer el sentir de los canarios, la brillante idea de encargar a las universidades de La Laguna y Las Palmas una encuesta con un universo de dos mil cuatrocientas entrevistas. Cuando la respuesta es una vergüenza, rozando lo ridículo, más vale adoptar, aunque revele tu impotencia, un digno silencio.