Altsasu o el terror de la ley

Imagínense un profesor que una madrugada, en el territorio veraniego de las fiestas de cualquier pueblo, pongamos que hablo de Agaete en Gran Canaria, es reconocido por un grupito de exalumnos que, por las razones que ustedes quieran imaginar, no guardan buen recuerdo de él y sienten, quizás aupados por la euforia alcohólica, que el destino les ha servido, calentita, muy calentita, la venganza. De resultas de la paliza, aderezada con algunos gritos de “muerte a los  hijos de puta de los profes”, el pobre maestrito acaba con algunas magulladuras y un tobillo fracturado que lo postra un par de días en una clínica. Como el gobierno del PP hacía muy poco tiempo había reconocido al gremio de los enseñantes la categoría de autoridad pública, los sindicatos amarillos solicitaron todo el peso de la ley. “Es terrorismo”, bramaban (en verdad el profesorcito se sumió en una depresión  y le aterrorizaban las madrugadas, las fiestas populares y soñar con mochilas). “Incitación al maestricidio”. En resumen: Audiencia Nacional al canto por acto terrorista, prisión provisional sin fianza para los hostiadores más sañudos y petición fiscal de 50 añitos de nada para cada participante en la somanta etílica. Alguno de los encausados, ese que dormitaba, parece que lo estoy viendo, en las clases de Ética o Ciudadanía, se atrevió a musitar: “por ese precio nos lo habríamos cargado”.

En la situación ficticia planteada usted cambia al pobre maestro por un par de guardias civiles, traslada la acción de la villa canaria de Agaete a la localidad navarra de Altsasu, y tiene el dislate hecho realidad: 375 años de cárcel solicita el fiscal para 8 personas por tres contusionados y un fracturado de tobillo en una gresca o agresión, eso habría que dilucidarlo, en las fiestas del pueblo a las 4 de la mañana.

No soy ningún candoroso creyente en la dama ciega con la balanza, pero me asusta cuando un fiscal establece en papel oficial una petición tan alejada de lo que yo llamaría un mínimo equilibrio (no sé si mental o procesal), y la mayoría de los medios y buena parte de la sociedad siguen, contándonos unos y tragándose otros, el cuento de la independencia de la justicia. También me aterroriza que tengamos leyes que permiten, aunque sea alambicándolas, convertir una hipotética paliza, muy reprochable pero sin consecuencias graves, en una petición de medio siglo de cárcel para cada persona encausada. 

La infamia viene cebándose de atrás:

Por una justicia que absuelve a infantas que, arrojadas al mundanal ruido y ¡oh! transidas de amor, no saben lo que firman, que condena a penas de prisión a tuiteros que hacen chistes con jerifaltes fascistas ejecutados o encarcela, con la connivencia de la cobardía moral inicial de no pocos políticos supuestamente progresistas, a titiriteros alkaetarras. También se alimenta la infamia porque existe en el Código Penal un delito de ofensa a los sentimientos religiosos que permite procesar a tres mujeres que un Primero de Mayo de 2014 procesionaron portando al Coño Insumiso en lo que para la Audiencia de Sevilla fue “un escarnio al dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”, o porque la fiscalía de la Audiencia de Las Palmas perdió tiempo, dinero y dignidad investigando el hipotético delito de una drag que, ¡en Carnavales!, y fuera de cualquier ámbito religioso parodió a la Virgen del Pino.

Sí, todo lo anterior alimenta al siempre impune bicho fascista español y su repugnante doble vara de medir, que pone en el altar a todas las víctimas de ETA, incluso las que, como Carrero Blanco, sirvieron a la Dictadura. La desvergüenza de los herederos del fascismo es tal que el 7 de junio el ministro Zoido puso un tuit que dice, textualmente, lo siguiente: “Hoy hace 49 años que ETA asesinó por primera vez. Recordamos al agente de @guardiacivil José Pardines, mártir de nuestra democracia #memoria.” Es muy revelador que esta gente considere que en 1968 había democracia en España. Encima el mártir es una persona que pertenecía a una institución que fue una fiel escudera del fascismo, luchando con saña contra cualquier atisbo de rebeldía democrática. Y el recochineo final, por parte de quienes llevan años sin dar un euro para la recuperación de la memoria histórica, es el hashtag “memoria”. Pero ojo, Zoido no se equivoca, el PP nace y se alimenta del pudridero de la dictadura. Por eso recordar los muertos de la guerra y la larguísima posguerra es revanchismo y poner en solfa la convivencia, porque para la derecha española esos asesinados siguen siendo el enemigo y las cunetas su lugar.

Mientras tanto, y es lo más desalentador, enflaquece la dignidad social, pues de otra manera es inconcebible que la petición del fiscal de Altsasu, que es un paso más en el uso del terrorismo como medio para controlar la protesta social, no genere una oleada de movilizaciones contra esa ignominia por todo el estado español.