El periódico "La Provincia" publicaba el 8 de febrero, inspirado por la patronal y su gran conciencia de clase, el siguiente titular: "La subida del SMI cuesta a las empresas canarias 82 millones de euros al año".
Se refiere al incremento que, para este año, con efecto retroactivo a 1 de enero, ha propuesto el gobierno de 965 a 1000 euros mensuales como la retribución mínima que debe percibir por su trabajo una persona.
Se calcula que en Canarias la medida beneficiaría a 120.000 trabajadores, siendo la comunidad donde tendría mayor incidencia. Dentro de la extrema terciarización de la economía canaria predomina el turismo y el comercio, sectores donde al ser la cualificación laboral más baja el salario también lo es. Cierto que después viene, arrasadora, una pandemia, y nos demuestra que muchos oficios con remuneraciones bajas son básicos para el funcionamiento de la sociedad cuando ésta se queda en shock.
Ante cada subida que plantea el gobierno del salario mínimo, las organizaciones empresariales alertan de su repercusión en la destrucción de empleo (ese mensaje de apoyo al lamento empresarial subyace en el titular de la La Provincia). Siempre van a defender y ampliar, con uñas y dientes, su tasa de ganancia. De hecho, desde hace bastantes años la tendencia, imparable, es que dentro del Producto Interior Bruto la parte que se corresponde a las rentas del trabajo (los salarios) pierde terreno constantemente con referencia a las rentas del capital (el beneficio empresarial).
En un estudio de 2018, llamado "La caída del peso económico de las rentas del trabajo", su autora, Carmen Vizán, expone que "en las últimas décadas el salario real medio ha crecido sistemáticamente por debajo de la productividad". Cuidado, la autora no habla aquí del salario mínimo, sino del salario medio, que es significativamente más elevado. Expresando que éste sube bastante menos que la productividad, quiere decir que todos estos años el margen de ganancia empresarial ha ido creciendo. Si el margen de ganancia ha ido aumentando tomando como referencia el salario medio, imagínense cual será, en muchos casos (sé que, entre otras, el tamaño de la empresa es una variable muy importante), el incremento de ese margen cuando se aplica el salario mínimo que, según datos de Comisiones Obreras, es percibido por 1.800.000 trabajadores en el estado español.
Soy una persona crítica con este gobierno y la acción de Unidas Podemos en él, pero debo reconocer que uno de sus logros más importantes es la subida del SMI.
Entre 2008 y 2018 se incrementó de 600 a 736 euros mensuales. En 2019, tras un acuerdo de Podemos y el PSOE, sube más que en toda la década anterior situándose en 900 euros. Para 2022, tres años después, llega a los 1000 euros. Si con la reforma de la Reforma Laboral del PP siento una gran decepción, con el tema del salario mínimo creo que han habido pasos alentadores y beneficiosos para una parte de la clase trabajadora. Aprovechando que he citado el tema de la reforma laboral no derogada quiero hacer una consideración sobre las promesas, boca caliente mediante, de los mítines y programas electorales. Pareceré un inocentón, pero siempre defenderé que no es de recibo hacer promesas como banderín de enganche y para crear fervor entre las masas. Tanto PSOE como Unidas Podemos plantearon en múltiples ocasiones la derogación completa de la Reforma Laboral de Rajoy. Perfecto. Globalmente ganan las elecciones. La aritmética les permite llegar al gobierno y, además, tener una mayoría parlamentaria con otras fuerzas como EH bildu y ERC que puede llevar a cabo el objetivo que plantearon, sin embargo, reculan (en el caso del PSOE esperable, y en el de Unidas Podemos decepcionante y doloroso) y se escudan en el lenguaje siempre pomposo de la concertación social para incumplir una medida programática que era un estandarte. Por eso he utilizado la expresión "llegar al gobierno", porque sé que el poder del dinero tiene capacidades más amplias y permanentes que los poderes otorgados por las elecciones cada cuatro años. Además, obedeciendo a la patronal que pontificó que del acuerdo no se tocaba una coma, la tramitación parlamentaria se hace a un todo o nada, donde ningún grupo tiene la capacidad de introducir enmienda alguna al texto presentado. Este incumplimiento sé que penaliza en mayor medida a Unidas Podemos, cuyo electorado suele ser algo más crítico y por lo tanto más dado a la decepción que el del PSOE, que lleva 40 años de incumplimientos electorales, hecho que en general no le impide tener un cogollo de hierro (como el PP) que le hace perenne. PP y PSOE podrán descender coyunturalmente en votos pero se mantendrán, más allá de cualquier trapacería, como ejes inmutables de la política española durante mucho tiempo.
Y hablando de promesas "estrella", permítanme el inciso, la otra refulgente era la derogación de la denominada Ley Mordaza. Las informaciones aún son parciales, pero parece que transita el mismo camino: no derogación y retoque de determinados aspectos. ¿Seguirá teniendo la simple palabra de un policía valor de prueba? Así sucedió en el caso del exdiputado canario Alberto Rodríguez, condenado por el testimonio de un policía, sin el fundamento de una imagen o un simple parte médico que verificara la hipotética patada.
Vuelvo a los salarios. En este caso a los situados en las antípodas del mínimo e incluso del medio. Y citaré dos casos.
El primero ya es un poco antiguo, pero sirve para ver la enorme diferencia entre las varas de medir: Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que considera lesivo el aumento del SMI, tiene un salario anual de 300.000 euros. En enero de 2019 declaró que era "una retribución humilde en un ámbito empresarial de alto nivel".
Me permitiré hacer unos "humildes" números. El salario de Garamendi le supone ingresar 25.000 euros mensuales. Si partimos de la base de que el salario mínimo quedará establecido en 14 pagas de 1.000 euros, mediante una simple operación matemática podemos deducir que el 18 de enero de este año (en poco más de medio mes) el líder empresarial ya había ingresado lo mismo que el trabajador que perciba el salario mínimo durante todo 2022.
El segundo caso es mucho más reciente y tiene el desparpajo, el aroma del truhan. Albert Rivera, antiguo líder de Ciudadanos, negocia desvincularse del despacho de abogados Martínez-Echevarría en el que entró en marzo de 2020 y pide que éste le pague el sueldo hasta marzo de 2025. O sea, según cuentas de El Diario, la resultante sería una "humilde indemnización" de unos 500 días por año trabajado. Cuando lideraba el partido potenciado por la oligarquía por si la pata derecha del régimen del 78, el PP, se desmerengaba (término exclusivo de Fidel refiriéndose a la caída de la Unión Soviética) por la corrupción, Rivera defendía una indemnización de 20 días por despido procedente y de 33 por el improcedente. Tampoco tenía en su programa la subida sustancial del salario mínimo. Según se ha filtrado el emolumento anual de la antigua esperanza blanca (aquí no hay maledicencia, que conste) de la derecha excedía en alrededor de 100.000 euros la humildad salarial de Garamendi, suponiéndole tal hecho que el 14 de enero, como muy tarde, ya había ingresado, enterito, un salario mínimo anual de 14.000 euros.
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