La tragedia y la farsa (y 2)

Tras la tragedia y la impotencia expresadas en la primera parte por la masacre que perpetra impunemente Israel contra el pueblo palestino en general y Gaza en particular, en esta segunda cambio de ámbito y retorno al estado español para escribir sobre la farsa, que ciertos sectores de ultraderecha podrían tener la tentación de derivar hacia la tragedia haciendo el camino inverso con respecto al devenir histórico al que se refería Karl Marx. Puede parecer exagerado hablar de farsa que deriva en tragedia. Pero no lo digo porque sí. Me baso, por ejemplo, en las irresponsables palabras del expresidente Aznar declarando en una entrevista con 13TV, la noche del 23 de noviembre, que "el discurso de investidura de Pedro Sánchez es una declaración de guerra, es decir a los españoles voy a borrar millones de españoles”. Un expresidente del gobierno, no un personaje menor, expresa que otro presidente del gobierno en su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados ha declarado la guerra y quiere “borrar” a millones de españoles. No es una persona cualquiera, un don nadie como yo que se expresa desde un callejóncito, es alguien que sabe que sus palabras tienen repercusión y que hablar de guerra en el estado español es remitirnos a una carnicería iniciada (la organización del golpe comenzó meses antes, poco después de la victoria del Frente Popular en febrero) en julio de 1936 por militares fascistas de la que quedan como testimonio los restos de decenas de miles de personas en cunetas, fosas comunes, simas y pozos. Cuando utilizas un lenguaje con ese grosor emparentas con lo que declaró a inicios de septiembre “ese oscuro objeto del deseo” político de muchos militantes y votantes del PP, ante lo que  consideran tibieza de Feijóo, llamado Isabel Díaz Ayuso: “como en el siglo XX nos llevan al combate”. Supongo que se refiere a los rojos que los delirantes ultraderechistas ponen como iniciadores de la guerra civil en octubre del 34. Para hablar de farsa estoy, contradictorio, mostrando declaraciones que atemorizan con la tragedia. No obstante, pienso que lo que buscan, tanto Aznar como Ayuso, es una movilización permanente, tener las filas en alerta y prietas para el combate, siguiendo el lenguaje guerrerista, por si el gobierno de los supuestos rojos y los separatistas disolventes de España, basado en una mayoría parlamentaria bastante compleja y con riesgo de resquebrajaduras, acaba teniendo que convocar elecciones anticipadas. Sospecho que viene una ola reaccionaria aún más grande que la actual, pero habrá que ver cuáles son sus reales dimensiones y también con qué contundencia responde, BOE en mano, el gobierno y la mayoría social que lo sostiene. Sí, una mayoría que, además de en escaños, también se  cuantifica en votos con 12,5 millones por los casi 11,2 obtenidos por la suma del PP, VOX y UPN que no fueron suficientes cuando Feijóo se presentó a la investidura y fue rechazado dos veces por la mayoría del Congreso de los Diputados.

Ahora mismo, por poner una nota distendida antes de seguir, en estas fechas casi navideñas otra “guerra” más inmediata y tontorrona se avizora entre peperos y socialistas. La guerrita por ver que ayuntamiento tiene el árbol de navidad más grande. Un municipio cántabro, Cartes, gobernado por el PSOE, con 45 metros, se ha impuesto al pique de machos alfa entre el Vigo socialista de Abel Caballero y la Badalona pepera de García Albiol (gana Caballero, cuyo árbol en sí mide 34 metros, por una macro estrella que lo eleva a los 44). Pero este enganchón fiestero y hortera queda en nada porque un centro comercial de Granada, el Nevada Shopping, con un árbol de 57 metros, ha evidenciado que el capital privado, signo de los tiempos, se impone en esa ridícula riña de gallos municipales.

Y ridículo, a la par que algo inquietante, es ver el accionar de la ultraderecha en la calle desde inicios de noviembre, cuando empezó a cuajar la posibilidad de que Pedro Sánchez se mantuviera en la presidencia del gobierno. El punto caliente está siendo la protesta diaria, desde inicios de noviembre, ante la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, alentada por VOX y mirada de reojo por el PP, aunque quien dio el banderazo para la salida de esas fiestas de la multiculturalidad ultraderechista fue la pizpireta Esperanza Aguirre que, tras el acto inaugural, plegó, imagino que aleccionada por la parte feijosiana de su partido. La protesta ante Ferraz es, aunque va decayendo, la feria de la diversidad del fascismo patrio. Cada día el esperpento tiende a superarse, aunque creo que el momento culminante fue cuando alrededor de una veintena de personas desfilaron con muñecas hinchables en un alarde de caspa que tal vez abochorna, por muy derechista que sea, incluso a cualquier enemigo del gobierno que tenga dos dedos de frente. En el polo opuesto a la exhibición de las muñecas hinchables, que en alguna consigna eran catalogadas de ministras del PSOE, está, concentración tras concentración, el rezo del Santo Rosario por un grupo que piensa que ese medio coadyuva para la salvación de España. Un país, España, en constante proceso de salvación, sea de los rojos en el 36, (cierto que las cuentas del Rosario en aquellos momentos se vieron reforzadas por las balas de los conmilitones del general terrorista Franco, sobrepasando con mucho el refrán que reza “a Dios rogando y con el mazo dando”) o, en los momentos actuales, de su rompimiento por mor de la maldad independentista. Entre el “cerrado y sacristía” de Antonio Machado y el rancio sexo de las muñecas hinchables, que en realidad son caras de la misma moneda, se mueve ese mundo que confluye en la intersección de la risa y el espanto. Un escenario donde se teme la irrupción de algún actor o escena diseñada que pueda llevar, insisto, de la farsa a la tragedia.

Hay una colección de entrevistas hechas en estas concentraciones de Ferraz por el digital ultra Okdiario que te lleva a pensar que se les infiltró un reportero de izquierdas, pues causa vergüenza ajena el nivel político de los interpelados, repleto de consignas machistas y homófobas, con la excepción de un carlista llegado de Navarra que, estando en las antípodas de mi pensamiento con su Dios, Patria y Rey, me pareció una persona con una mente bien estructurada y que iba más allá de soltar baladronadas sin sentido. Incluso han montado algún puesto para repartir comida y bebida donde uno de los cartelitos decía "Vodka limón Marlaska maricón”, pues esta gente tan primaria no puede mostrar su desacuerdo con el ministro del Interior sin referirse a su orientación sexual.

Con el  infranivel de los actuantes tiene que ver la consigna estrella de estas manifestaciones nuestras de cada día, un elaboradísimo: “Pedro Sánchez, hijo de puta” (entonado con vigor y haciendo una breve parada tras el Sánchez para afrontar con fuerza el “hijodeputa” final). Lo más parecido que recuerdo en el ámbito de la izquierda es una consigna que quería cambiar de trabajo a Manuel Fraga cuando fue Ministro de Gobernación con Arias Navarro en el primer semestre de 1976. Franco acababa de morir y, en este caso sí, se había soportado una férrea dictadura durante casi 40 años. El pésimo pareado decía: “Fraga, cabrón, trabaja de peón”. Insisto, muy desafortunado: machista y, aunque no fuera la intención, clasista, pues denostaba el muy necesario oficio de peón. Sin embargo, no recuerdo nunca en mi experiencia como manifestante una consigna que fuera el improperio, en su estado más puro y soez, que supone el insulto directo al presidente u otra persona sin reclamación o trasfondo político. Lo lamentable es que parece que no dan para más, pues todo se reduce a hablar absurdamente de un presidente golpista, tirano, dictador, déspota, autócrata y del peligro inminente de ruptura del estado español vía amnistía a los imputados del proceso independentista. He hablado de que este embate lo sustenta la ultraderecha, pero también lo abraza la derecha ultra. Isabel Díaz Ayuso, principal exponente de esta última, un poder fáctico enorme dentro del PP que custodia a Feijóo y ejerce de líder bis de la oposición, ha dicho en una entrevista en Antena 3, adhiriéndose a las posiciones de la ultraderecha, que el acuerdo entre el PSOE y Junts “es entrar en una dictadura”. Días después, en otro foro, añadió que Pedro Sánchez aspira a ser “presidente de la siguiente república”. Si esa es su intención real me voy a ver casi obligado a votarle. Cosas veredes…

Aclaremos que Pedro Sánchez, ese “personaje absolutamente amoral” y “asesino”, en sentido ajedrecístico, según unas palabras del escritor Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero que buscan deshumanizarlo y convertirlo en un ser execrable, más allá incluso de la política, es Presidente del Gobierno porque, siendo la segunda fuerza en votos populares, consiguió sumar 179 apoyos de 350 parlamentarios, hecho que no logró la primera fuerza, el PP, cuyo candidato cosechó 172 síes y 178 noes cuando se presentó a la investidura. Y son los parlamentarios los que eligen al presidente por sufragio indirecto. O sea, el cuerpo electoral compuesto por todas las personas mayores de 18 años vota a los diputados, y los diputados al Presidente. El sistema es el mismo desde 1977, hace 46 años, y a ningún presidente anterior que consiguió el apoyo de la cámara se le tildó de dictador o tirano independientemente del agrado o desagrado que su posición política despertase en un sector u otro de la población. 

Reconozco, no les voy a mentir, que desconfío de las democracias liberales, que se mantienen sin mayores zozobras, es algo históricamente diáfano, cuando el sistema de dominio de clase no está en peligro. Salvador Allende, ejemplo paradigmático, fue derrocado a sangre y fuego porque la oligarquía chilena y el Departamento de Estado de EEUU no podían admitir el gobierno de un presidente que no hablaba de retocar el sistema, sino de transitar hacia el socialismo. Ahí se acabó la democracia liberal en Chile durante el tiempo pertinente para que la vuelta de ella, con más o menos límites, no supusiera el cuestionamiento del dominio de la clase alta, con la lección bien aprendida por gran parte del cuerpo social y político de que este juego va de una alternancia que admite reformas limitadas, pero nunca alternativas transformadoras. Si estas surgen cuestionando estructuras básicas del sistema, quien lo intente va a ser atacado y probablemente destruido. La manera, más o menos dolorosa, dependerá de la osadía del cuestionamiento.

Por eso observo todo este asunto contra Pedro Sánchez con la relativa tranquilidad de lo que me parece que tiene algo de tramoya, a pesar de los manifiestos de ex militares que piden que el ejército lo destituya o de las voces ultraderechistas que casi exigen que el ceñudo rey de la toma de posesión del presidente se niegue a firmar, si sale adelante, la ley de amnistía. Ni los militares ni el rey, espero no errar, van a salirse de sus papeles, no por ser devotos demócratas sino porque por un lado no hay necesidad alguna y por otro podrían ser movimientos que, en el contexto actual, les salieran muy caros. Al rey, perder la corona para él y su dinastía, y a los militares, aparte de la expulsión, la cárcel. Lo innecesario surge de que los poderes fácticos del estado español saben que su hegemonía, más allá de que el gobierno del PSOE y Sumar adopte algunas medidas, nada desdeñables, que alivien la situación de los sectores más pobres de la sociedad, no peligra. Y en principio, cuando la supremacía de una minoría no se cuestiona, mover mucho el dormido avispero no parece ni necesario ni sensato para sus intereses. No obstante, hablaba al inicio de que la farsa puede derivar en tragedia porque tampoco es totalmente descartable que el devenir se vea alterado por situaciones inesperadas. Por eso citaba a Aznar, porque ese lenguaje tan grueso no es fruto de un calentón pues, tan soberbio como témpano, no estaba siquiera en el hervidero de un mitin. Imagino que, como planteé, el objetivo es mantener el caldero en cierto grado de ebullición buscando que la llama de la revuelta ultraderechista no disminuya, aunque aproximándose el debate de la amnistía no creo que el fuego necesite mucho esa leña añadida.

Y voy a hablar un poco sobre esa palabra que se ha convertido en el eje de la lucha de las derechas: amnistía.

La amnistía enciende la ira de muchos españoles que consideran que supone caer de lleno en la desigualdad ante la ley. Me parece que esta gente llega tarde. Siempre he sido consciente de que vivo en un país que consagra, como casi todos, desigualdades ante la ley y ante la vida, aunque nos quieran hacer creer, los mismos sectores privilegiados que saben muy bien que no es así, que vivimos en el imperio de la igualdad jurídica milimétrica que, en cambio nunca se plantea como deseable (oh, desatendida lucha ideológica) en el terreno socioeconómico. A mí me sigue pareciendo bastante más atroz que la amnistía una noticia de hace casi una década que me impactó. Expresaba una “igualdad maravillosa” plasmada en el hecho de que los 20 españoles más ricos acumulaban la misma fortuna que los 14 millones más pobres (más de seis veces la población del Archipiélago Canario). 

Pero hablemos de igualdad ante la ley.

“La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Lo establece el artículo 56 de la Constitución del 78, esa por la que una asociación de la Guardia Civil dijo estar dispuesta a derramar su sangre y, probablemente en mayor grado, la de los díscolos independentistas y rojos que se les enfrentaran. Para comprobar que ese artículo 56 está marcado a fuego tenemos el ejemplo vivo del hijo político de Franco, Juan Carlos, el “rey demérito”. Este individuo, que llegó al trono en 1975 por designación, en 1969, de un militar que quebró de manera criminal la legalidad republicana, gracias a esas doce palabras del artículo 56 se ha librado de rendir cuentas ante la justicia de sus variados latrocinios. Sin entrar, claro, en esa esencia que es la desigualdad de raíz que supone la propia existencia de la institución monárquica, circunstancia que hace que la jefatura del estado español sea propiedad de una familia. Lo más sonrojante es leer a los defensores de esa desigualdad llamada monarquía argumentando cosas del tenor de “imagínense una república presidida por Pablo Iglesias o Pedro Sánchez o, dirá el republicano juancarlista mutado en felipista, José M. Aznar o Isabel D. Ayuso”. Mi imaginación da para eso. Veo a cualquiera  de estas personas en la cúspide de una república  si mediante la votación del cuerpo electoral estipulado son designadas, sea por sufragio universal directo o sufragio indirecto parlamentario. Tendría cualquiera de ellas la gran virtud de no acceder al cargo por la vía de la coyunda. Aparte, al contrario que con la monarquía, estaría sujeta a la temporalidad de lo no vitalicio, de un empleo que en la mayoría de estados republicanos suele oscilar entre los 4 y los 6 años. Esto permite, si la constitución autoriza a presentarse nuevamente, ratificar, o no, esa presidencia en las urnas. Hay países, como México, que prohíben la reelección y otros, como Francia o EEUU, que establecen un tope de dos mandatos y, también, los que permiten presentarse más veces.

Existe otro argumento, profundamente insultante y rebosante de clasismo, que es que el rey o la reina han sido preparados para ostentar un cargo que requiere, en palabras del ya citado Pérez-Reverte, “una persona de prestigio, serena, culta, estable, emocionalmente equilibrada”. Éste afirmó, osadamente, en el programa de Motos, que nadie en el estado español cumple esos requisitos que, no sé en base a qué criterios, plantea para las repúblicas mientras se la juega a la lotería genética del coito con las monarquías. Así, Pérez-Reverte muestra su contento de que Felipe VI sea más Grecia (la madre discreta y algo sufrida) que Borbón (el padre campechano y ladrón), cubridor manto que extiende a su hija Leonor. Javier Milei, la antítesis de la mesura, es un tipo volcánico y un ultraderechista para mí políticamente odioso, pero no le quito la legitimidad de haber sido elegido presidente de Argentina por cuatro años, no para siempre. El tema de la preparación es peliagudo, pues si cogemos la punta del hilo y seguimos su senda nos encontramos con algo llamado aristocracia (etimológicamente, en la Grecia Antigua, el gobierno de los mejores), pudiéndonos plantear, siguiendo ese criterio, que haya unos estudios mínimos, o máximos, para poder presidir el gobierno del estado español o incluso para ser diputado o alcalde. Así, impediríamos que surja aquí un campesino presidente, indígena además, como Evo Morales, un trabajador guagüero como Nicolás Maduro o un obrero metalúrgico como Lula da Silva. 

Por cierto, tras la jura constitucional de Leonor, y hablarse de la, desatada por los medios, Leonormanía, con desvergüenza alardean del avance que supone que el trono pase a una mujer. Al ser dos hermanas es un hecho puramente biológico. Si la infanta Sofía hubiere sido Sofío sería el heredero, pues sigue en plena vigencia la preponderancia del hombre sobre la mujer en la vía sucesoria. El problema es que con la monarquía casi cualquier puerta, o ventanuco, de cambios que abras desemboca en su propio cuestionamiento, por eso tanto el  PSOE como el PP intentan menear el asunto lo menos posible. Por último, más que sorpresa mostrar mi decepción ante la circunstancia de que haber tenido décadas un rey sin castigo por sus tropelías, no movilizara ninguna ira de esa legión de ciudadanos airados preocupados por la desigualdad que supone la ley de amnistía.

Leí hace un par de semanas un hilo en Twitter del juez Joaquín Bosch donde intentaba explicar la constitucionalidad o no de una ley de amnistía. En primer lugar aclaraba que la constitución no la prohíbe explícitamente. Lo que sí prohíbe es el indulto general. Un apunte: en el año 2000, en un Consejo de Ministros presidido por Aznar, se aprobó el indulto de más de 1400 personas a petición del Vaticano, circunstancia que si no es un indulto general se le asemeja un poquito. Además, el ahora tronante Aznar, durante sus ocho años de gobierno indultó a un total de 5948 personas. La amnistía que hace mesar los cabellos a la derecha y tambalearse la igualdad ante la ley de los españoles según parece, habrá que ver el resultado final de la ley, afectaría a alrededor de 400 personas, menos de la décima parte de los indultados por el antiguo presidente.

No quiero olvidarme tampoco de una amnistía, sangrante para cualquiera que ame la igualdad, que aprobó la mayoría absoluta del gobierno de Mariano Rajoy en 2012: la amnistía fiscal. Esa medida sí fue un cénit de la desigualdad pues muchos delincuentes económicos, millonarios defraudadores de las arcas públicas, pagando menos del 10%, parece que muchos no llegaron ni al 5% (el jubilado que escribe paga el 20), regularizaron su situación provocando un agravio comparativo con todos los que cumplen puntualmente con sus deberes fiscales. Cierto es que en 2017 el Tribunal Constitucional la anuló, pero impidiendo la revisión de las declaraciones hechas acogiéndose a ella. O sea, en la práctica se validó esa desigualdad.

Joaquín Bosch en su hilo se pregunta si las medidas de gracia suponen desigualdad ante la ley. Y su respuesta es honesta y diáfana: sí. Pero deja claro que es una desigualdad permitida por la propia Constitución que establece la existencia de las mencionadas medidas de gracia que se bifurcan en dos tipos posibles: el indulto, sobre hechos ya juzgados, que es potestad exclusiva del gobierno, o la amnistía, que tiene que ser aprobada por el Parlamento mediante una ley concreta y si llega el caso refrendada, tras su análisis, por el Tribunal Constitucional. En la amnistía, a diferencia del indulto, pueden entrar hechos aún no juzgados. La ley de amnistía del 77, cierto que preconstitucional, cubrió con su manto todos los crímenes cometidos por la dictadura que, por supuesto, nunca habían sido llevados ante sala penal alguna. Por eso digo que la igualdad en abstracto no existe. Si yo estoy en prisión por robo y a mi compañero de celda, con un delito similar, lo indultan, tengo derecho a sentir que he sido desigualmente tratado aunque sea mediante una actuación ceñida a la ley. 

El juez Bosch también matiza a aquellos que dicen que la amnistía supone la intromisión del ejecutivo y del legislativo en el poder judicial, especificando que con el indulto también se produce esa intromisión pues es la administración de justicia la que vela, tras la sentencia, por el cumplimiento de las penas y establece cuando quedan saldadas. Es una intrusión para la que la Constitución capacita al Gobierno y al Parlamento a través de las citadas medidas de gracia. En este caso, por motivos políticos, se arguye la igualdad entre todos los españoles como ariete contra una ley que si la derecha españolista se olvidara un poco del sentimiento de que hay que castigar a los levantiscos catalanes, se daría cuenta de que en un futuro puede ser beneficiosa para ellos pues les abre un angular de posibles acuerdos, ahora limitados a VOX, con las derechas nacionalistas catalanas y vascas con las que en su momento, el hoy ultramontano Aznar, pactó mientras hablaba catalán en la intimidad.

De todas maneras, intríngulis legales aparte, defiendo la amnistía por principios políticos. Pienso que nadie tenía que haber sido juzgado por los acontecimientos de octubre de 2017. Los independentistas se habían presentado legalmente a unas elecciones, que ganaron con mayoría absoluta de diputados, con un programa donde se comprometían a caminar hacia la independencia. Ahora se acusa a Pedro Sánchez de incumplir su programa y a los independentistas, en cambio, los llevaron a la cárcel y al exilio (sí, cuando te marchas de tu país por motivos políticos eres un exiliado independientemente de la ideología que profeses) por cumplir el suyo que fue mayoritariamente votado. Las paradojas son interesantes, pero yendo al meollo creo que los conflictos políticos (y el que haya millones de independentistas en Cataluña que no ven cauce alguno a sus posiciones genera un conflicto que no se finiquita con la proclamación de la férrea unidad de España) deben intentan resolverse mediante mecanismos políticos de negociación. Sé que Pedro Sánchez con la ley de amnistía está haciendo de la necesidad virtud. Él habría preferido una mayoría sin depender de los grupos independentistas, pero la aritmética, que a algunos puede parecer endemoniada, para otros, incluso el PP, y dudo que alguno de ellos no lo haya pensado, puede ser una oportunidad.

Acusan a Pedro Sánchez de que en su programa no llevaba la amnistía. Sobre lo prometido o no en un programa electoral diré que cuando tú no posees mayoría en un parlamento y tienes que buscar apoyos diversos ya sabes que no vas a aplicar tu programa íntegro, pues los pactos se producen después de una negociación en la que se acaban haciendo concesiones por ambas partes. Es un hecho político habitual en los parlamentos la negociación, con propuestas y contrapropuestas, que si llega a buen puerto, acabará en una síntesis con la que ambos partidos se sientan satisfechos. Y, también, tengámoslo claro, ambos van a airear del pacto los aspectos que más le benefician y a esconder los que menos le agradan. Si una única fuerza política saca 176 o más diputados, mayoría absoluta, no negocia con nadie, salvo que quiera ampliar su base, pues tiene los escaños suficientes para aplicar integro su programa. Curiosamente, en esos casos suele hablarse de un posible rodillo por parte del partido gobernante, mientras cuando, por mor de las cifras, se pacta con minorías se usa el término, generalmente aplicado a los nacionalistas no españoles,  de chantaje.

Sobre los programas electorales una consideración: todos los gobiernos durante sus mandatos toman medidas políticas, económicas o sociales que no anunciaron en la campaña. El PSOE junto al PP aprobó con agosticidad, mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución, que por encima de cualquier otro pago del estado, incluso los sociales, estaba la satisfacción de la deuda pública. Aznar nos embarcó en la Guerra de Iraq obviando las clamorosas manifestaciones en contra de quienes teníamos la certeza de que las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein eran un cuento, pues si los iraquíes las llegan a  tener no los atacan. 

Muchísimas asuntos que no estaban en los programas electorales, incluso porque surgen posteriormente, salen adelante por mecánicas parlamentarias puras sin que, cosa que está sucediendo con la amnistía, se pida un referéndum, como ha hecho ese opositor interno del PSOE que se llama Felipe González. En el estado español solo ha habido un referéndum desde la implantación de la constitución en 1978. El 12 de marzo de 1986 se votó la no salida de la OTAN. Se permanecía con la condición, estaba en el texto de la pregunta, de no entrar en su estructura militar. En 1997, con el primer gobierno de Aznar, y sin referéndum alguno, se entró en la estructura militar. Son ejemplos de que los gobiernos y parlamentos tienen una enorme discrecionalidad de acción. Y que conste que pienso que la  ciudadanía, salvo en derechos esenciales y básicos de las personas, debería ser consultada más a menudo. 

Existe un poder que nadie elige, ni directa ni indirectamente: el judicial. Está revuelto últimamente porque considera que hay intromisiones de los otros dos poderes. Habría que recordarles a los jueces que están, salvo el Tribunal Constitucional, que vela porque las leyes sean acordes a la Constitución (tampoco sean muy crédulos pues siempre se están contando conservadores y progresistas), para aplicar las leyes que aprueba el parlamento. Esa es su función, pero sé que casi todas las leyes son interpretables y el margen de discrecionalidad del juez es importante como se pudo apreciar en la “Ley del solo sí es sí”. Hecho que también se manifiesta a menudo cuando en un tribunal dos jueces votan en un sentido y el tercero lo hace en sentido opuesto, redactando incluso, si lo considera pertinente, un voto particular. Los tres aplican las mismas leyes, analizan la misma documentación y escuchan los mismos testimonios, pero, por la razón que sea (¿ideológica?), llegan a conclusiones divergentes.

En el estado español los jueces son un poder que está haciendo política. El caso de Altsasu, donde una pelea de bar se convirtió en terrorismo y acabó en la Audiencia Nacional es atroz. Escandalosa ha sido la persecución a Podemos, a quien le han abierto más de 10 causas que han creado gran revuelo mediático durante meses, con el descrédito que supone, y que indefectiblemente han ido siendo cerradas una tras otra con el estruendoso silencio de esos mismos medios que hicieron la pertinente escandalera de apertura de telediarios que reafirmaba a mucha gente en el pensamiento, derechista por nihilista, de que el choriceo es un mal de todos los políticos. Ahora, para intentar torpedear el acuerdo entre el PSOE y Junts, el juez García Castellón ha imputado, en la causa contra Tsunami Democràtic, a Carles Puigdemont y Marta Rovira por delitos de terrorismo que estarían fuera del paraguas de la amnistía. Me quedaré con las ganas, pero sospecho, es un puro ejercicio especulativo malévolo, que si se le preguntara a García Castellón si la masacre de Israel en Gaza es terrorismo, diría que no. Y no se dejen engañar, la protesta social o política, incluso cuando se torna dura o violenta, de ahí han venido los grandes cambios históricos, no es terrorismo.

Estos serían ejemplos del famoso lawfare o guerra judicial que escandaliza a los jueces que se sienten muy ofendidos y convocan protestas para que se respete su independencia y dignidad. Algo chusca y reñida con la dignidad, pero ilustrativa, me parece la noticia del 26 de noviembre de que la fiscalía recusaba al presidente de la Audiencia de Las Palmas y a otro magistrado en los casos contra Miguel Ángel Ramírez por “íntima amistad”. Ya en el caso que acabó en la condena del juez Alba salieron grabaciones, hechas por el propio Ramírez, de compadreo y montaje. Me pregunto, sigo malévolo, en qué punto de sus vidas, fuera o dentro de los pasillos de los juzgados, se hicieron amigos íntimos Ramírez, el presidente de la Audiencia, y el otro magistrado. Una de las cuestiones escandalosas de la noticia de CanariasAhora es que uno de los magistrados implicados en el embrollo llegó a plantear en su momento, con respecto al ya juzgado caso del juez Alba, cual película de mafiosos, una reunión en una… piscina. Aunque no sé si con los avances tecnológicos eso sería una garantía de no grabación. En cualquier caso parece una tragicomedia o farsa en la que te planteas cuantos "bailes agarraos" hay entre el mundo de la hipotética delincuencia, política o económica, y el de la supuesta justicia.

La justicia no existe para ser un parlamento bis. Es absurdo que VOX intentara parar la investidura de Pedro Sánchez presentando una denuncia en un juzgado, que el juez, no tenía otra, rechazó. Pero en la mente de mucha gente puede calar la idea de que es lícita tal actuación. Y no, la soberanía de los parlamentos para debatir, a priori, debe ser absoluta. Esto no quiere decir que sea legítima cualquier ley que se apruebe. Ahí entran los únicos jueces con potestad para revisar las leyes: los del Tribunal Constitucional. De todas maneras, repito, no seamos crédulos, también tomarán, sobretodo en un tema de enorme enjundia como la amnistía, una decisión política. Por eso se repasa cuantos magistrados progresistas o conservadores hay en ese organismo y, probablemente, cuales pueden ser susceptibles de cambiar de bando. 

Acabo, y disculpen la tozudez, tornando desde la inquietante farsa a la plena tragedia: la del pueblo palestino en Gaza. Tras la semana de tregua e intercambio de prisioneros, Israel ha vuelto a la masacre del masivo bombardeo criminal que ha ido a jalear, la ultraderecha siente fascinación por el neonazismo de los sionistas, Santiago Abascal. A la masacre defendida de facto por nuestro gobierno cuando, escondiéndose tras sutiles y medidas palabras, firma contratos militares con ese ente terrorista. A la masacre que si criticas eres tildado, por los necios, los listillos y los criminales, de antisemita. A la masacre que te hace tener oscuros pensamientos (sé que tal vez eso es cosa mía y de mi condición de persona regular, pues detesto el derechista club de los "españoles de bien") cuando lees en La Vanguardia que cerca del 85% de los ciudadanos israelíes ve innecesario considerar el sufrimiento de los civiles en Gaza. Y esto entronca con una frase, concisa y demoledora, que dijo José Saramago en 2002, tras visitar Ramala como parte de una delegación del Parlamento Internacional de Escritores, en una entrevista extensa que se publicó en el libro colectivo ¡Palestina existe!: “Israel es rentista del Holocausto”. 

Y la gran mayoría de gobiernos del mundo siguen pagando la masacre continua de Israel al pueblo palestino con el oro de la impunidad.

Una ultimísima hora para que no se queden con mal sabor de boca: el árbol de Cartes, en un alarde de pundonor ha “pegado”, cual adolescente, el estirón, y según las noticias de RTVE ha llegado a los 65 metros, lo que lo convierte en el más alto de… Europa. Aunque no lo crean esta imbecilidad y la impasibilidad ante la matanza en Palestina están mucho más ligadas de lo que parece. El mundo de los valores se diluye en el de los oropeles que te llevan a un pensamiento casi vacío.