Los mil días de la injusticia

Hace un par de semanas, el 25 de julio, salió una noticia llamativa (una más) del ámbito judicial. En síntesis, estos son los hechos:

“La justicia no ve ánimo de matar en apuñalar tres veces a una mujer. El marido y agresor ha sido condenado a cuatro años por delito de lesiones y no por intento de homicidio. Las lesiones no afectaron a estructuras anatómicas importantes. Fueron en los dos pechos y el costado. El individuo, además, incumplió una orden de alejamiento”.

No viene en el cuerpo de la noticia la profesión del agresor, pero deduzco, al afirmar el tribunal que las lesiones no afectaron a estructuras anatómicas importantes (imagino que por la intencionalidad del acusado, según el tribunal), que estamos hablando de alguien relacionado profesionalmente con la medicina o, en el lado opuesto de la balanza, de alguien relacionado con lo que yo llamaría un sicariato de alto standing, que distingue perfectamente entre susto o muerte.

Ciertas sentencias se las tiene uno que tomar con grandes dosis de ironía para no soltar una retahíla de improperios. Improperios que, por cierto, pueden conducirte a ser acusado de delito de odio. El delito perfecto para el poder y sus esbirros. No lo dejan a uno ni odiarlos tranquilamente, aunque sea con un puñetero tuit que llene de mierda al monarca y al gobierno que le concedió (BOE del 4 de julio de este año) a la nieta del jefe terrorista genocida el título de duquesa de Franco con mierdeza de España. Y no me vengan con eso de que el odio destruye al que lo profesa, porque entonces ya están ustedes cargándose gran parte de lo hermoso que tiene ser un humano: odiar y, cuando se tercia y existe organización, actuar, rebosante de amor por la justicia y la dignidad, contra toda la escoria oligárquica que desde hace miles de años considera que el pueblo existe para ser explotado y vilipendiado (como la señora que recibió las puñaladas científicas). El primer instinto, guste o no, quede más bello o más feo en estos momentos de exacerbada no violencia, de toda revolución, de todo movimiento del pueblo que busca mejorar sus condiciones de vida, es el odio profundo a la injusticia.

Odio de clase que ellos no ocultan y que constantemente llevan a la práctica. Un ejemplo: en mayo comenzó a funcionar el registro de las horas extra. Pues bien, en el segundo trimestre del año el número de horas extra no pagadas aumentó un 10,5%. En total se realizaron 37,9 millones de horas extra no remuneradas ni cotizadas. No solo no bajaron, sino aumentaron.

Como me pasa a veces, estoy aquí, en plena lucha con el texto y, curiosamente, aún no he sacado a colación el tema que ha operado como chispa, el asunto que lleva un par de días bulléndome en la cabeza: los 1000 días.

Sí, el sábado 10 de agosto tres de los jóvenes de Altsasu, presos por una pelea con dos guardias civiles en un bar, cumplirán mil días de cárcel, que no son ni la cuarta parte de la pena de 12 años a la que fueron condenados.

Las consecuencias de la pelea fueron el tobillo roto de uno de los guardias y la camisa impolutamente blanca del otro (prueba que no se admitió en el juicio por parte de la señora jueza y esposa de un coronel del benemérito cuerpo). Y suerte que al menos decayó la disparatada acusación de terrorismo y las peticiones salvajes (50 años) y contra toda noción de justicia de la fiscalía.

Comparen ustedes las condenas del maltratador anatomista (4 años) y la de estos jóvenes (12 años), donde no se esgrimió objeto alguno que pudiera tener la consideración de arma, y piensen si podemos hablar de justicia con un mínimo de seriedad. Además, cualquiera que me lea con honestidad, profese la ideología que profese, sabe que esa pelea en cualquier otro territorio del estado, quizás salvo Cataluña, no habría tenido ni tanta relevancia ni la cuarta parte de acción justiciera.

Cada pena es injusta en sí misma, pero la comparación machaca la idea de justicia y alienta la injusticia de que en determinados ámbitos de la judicatura española lo que impera es el derecho penal del enemigo. Tampoco es que se pueda esperar mucho más cuando el Tribunal Supremo, en junio de este año, estableció que el terrorista Franco era jefe del estado desde el 1 de octubre del 36, dando valor jurídico a la proclamación realizada por sus conmilitones fascistas.