De mil euros a cientos de años: el estado de la injusticia en España

Creo que una de las peores sensaciones que puede tener un ser un humano es la de ser víctima, por quienes deben defender la justicia, de justamente lo opuesto: una injusticia flagrante y dolosa, que es en lo que se convierte la justicia, en trampa, engaño y fraude, cuando es retorcida en aras de causar el máximo daño posible a una o varias personas, llevándolas incluso, aunque sea de manera preventiva, a la cárcel.

Esa sensación de impotencia tiene que ser especialmente dolorosa cuando observas hechos relativamente similares a aquellos por los que tú estás encausado que comportan sanciones o infinitamente o inexplicablemente más leves.

No piensen que me caigo del guindo. Seguramente ya he expresado en alguna otra ocasión que el tejido que tapa los ojos de la señora de la balanza es un vaporoso y transparente tul. Pero siempre tiendo a pensar que las golferías, aunque se realicen desde el poder, deben tener un cierto disimulo, sobre todo por mantener aquello, latiguillo machacón, de la igualdad de todos ante la ley.

Hoy han puesto en diferentes televisiones el vídeo de la agresión callejera, en la mañana del domingo 6 de agosto, de siete jóvenes de la localidad de Denia a otro que estaba solo. Se observa claramente como el grupito da una buena tunda de puñetazos y patadas al muchacho que está indefenso. Mañana de domingo. Jóvenes supurando alcohol y quizás alguna otra sustancia. Una palabra equívoca, una mirada torva, una cuentilla pendiente o no tener el par de euros que te piden y prende la chispa.

El domingo sucedió en Denia sin mayores consecuencias. En diciembre de 2008 unos hechos similares ocurrieron en Las Palmas de Gran Canaria. La misma paliza, pero con patadas más certeras, acabó con la vida del joven Iván Robaina. Cada uno de los tres acusados fue condenado a 17 años de cárcel. El fiscal pedía 18 y la acusación particular 20.

En el caso de Denia cada joven ha tenido que pagar una multa de alrededor de 1000 euros. Ustedes me dirán que son casos incomparables y yo les contestaré que tienen razón, pues el resultado del delito es diferente, aunque los medios y las intenciones (no creo que en ninguno de los casos quisieran ocasionar la muerte del agredido) fueran los mismos.

Yo quería establecer la comparación, de ahí la reflexión inicial acerca de la impotencia, con los ocho implicados en la agresión, con patadas y puños, sin armas de ningún tipo, a dos guardias civiles fuera de servicio, también después de una madrugada de fiesta y copas, en Altsasu (o Alsasua). Tres de ellos están en prisión preventiva desde mediados de octubre de 2016. La fiscalía y la abogacía del estado solicitan un montante global de 375 años de prisión (50 a seis, 62,5 a uno y al restante 12,5). La acusación particular, ejercida por la asociación Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), considerando que las penas son leves, ha solicitado un montante global de 400 años de cárcel.

Aviso, por si hay alguien muy despistado, que ninguno de los guardias agredidos resultó muerto. Uno de ellos, magullado, ni siquiera tuvo ingreso hospitalario y el otro estuvo dos días fruto de una fractura de tobillo.

Tres casos de agresión. Con circunstancias y resultados diferentes, lo sé. Pero no hay que ser muy avezado para observar el disparate, para ver la infamia que hay entre mil euros de multa y una petición de cárcel de 50 años cuando en ninguno de los dos casos hubo males mayores. Mal irremediable que si se produjo en el caso de Las Palmas. No obstante, fíjense en la siguiente aberración: el fiscal pedía, como reflejé antes, para cada uno de los implicados en la muerte de Iván 20 años de cárcel. O sea, un total de 60 años para los tres. Menos, y aquí está el disparate o la mala fe que se encubre con la utilización del término terrorismo, que la petición de 62,5 años del fiscal al principal encausado de Altsasu, cuya acusación más grave sería, en buena lógica y en buena lid procesal, la fractura de un tobillo que, a los datos de petición de penas de la fiscalía me remito, vale el triple que la vida de un joven canario.

Hablando de jóvenes y de injusticias, y como muestra de que la derecha siempre sabe quién es de los suyos y quién es el enemigo (circunstancia que la izquierda nunca tiene tan claro), quiero acabar haciendo mención a Aisha Hernández, militante de Alternativa Nacionalista Canaria, que fue condenada a 4 meses de cárcel por una supuesta resistencia a la autoridad tras realizar en 2014 una pintada denunciando las elevadas tasas de desempleo que afectan a los jóvenes del archipiélago. El gobierno, considerándola acertadamente su enemiga, en el mismo plano que a los jóvenes de Altsasu, aún con el atenuante de no ser independentista vasca, sino canaria, le ha denegado el indulto, esa medida que reserva para los amigos de las clases altas, para callar bocas indiscretas o para obtener réditos si es un caso mediático.